El ayuntamiento de Vitoria Gasteiz va a sacar a concurso nuevas licencias de taxi, y según resalta un medio de comunicación local no se asegura que ninguno de ellos sea un vehículo adaptado para transportar a minusválidos. La noticia es casi seguro que producirá la reacción de los colectivos de discapacitados, y a su rebufo no faltará quien vea la ocasión de aprovechar el asunto para cuestionar al alcalde y su equipo de gobierno, todos del Partido Popular.
Puede que en esta ocasión tengan razón, pero hemos asistido una y otra vez a polémicas semejantes en las que la corrección política obliga a ponerse siempre del lado de los discapacitados, o, mejor digamos, de las plataformas, colectivos o demás formas en las que se vehicula su opinión. En el mismo caso de Gasteiz aún está fresca, e incluso viva, la polémica por la instalación de rampas mecánicas en las laderas de la colina gasteiztarra y la futura instalación de ascensores en su extremo sur.
Como hay veces que uno se siente impelido a decir lo que piensa, así lo voy a hacer yo ahora en relación con este asunto.
Creo efectivamente en la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la igualdad de oportunidades a sus administrados. Eso supone trabajar la accesibilidad con un concepto amplio en los ámbitos abarcados pero sin perder nunca de vista la dimensión social de la gestión de los recursos públicos. Llevo años defendiendo que la aplicación de criterios de accesibilidad en el desarrollo de sitios web no los encarece ni ralentiza sus tiempos de puesta en marcha, es algo tan simple como incorporar en su elaboración una serie de cuidados y buenas prácticas, y sobre todo, de pensar en que quien los usa tiene sus propias circunstancias personales, fisicas ambientales y mentales, que no necesariamente deben coincidir con las nuestras.
Entiendo que a la hora de construir y urbanizar nuevos espacios deben preveerse las circunstancias que dificultan la movilidad de la gente, bien por problemas visuales, auditivos, psicomotrices, o de edad, tanto por exceso como por defecto (piénsese en niños y ancianos). Sé que muchas de estas cuestiones afectan más al diseño que a la ejecución, y por lo tanto son factibles sin incremento en costes y plazos.
Todo esto además debe hacerse teniendo en cuenta al mayor número posible de afectados, sin olvidar al núcleo de situaciones más complicadas que siempre se producen o pueden producirse.Â
Pero siento decir que hay ocasiones en las que uno asiste a circunstancias en las que, y lo digo además desde una óptica socialmente solidaria, desde un criterio de gobierno de izquierda, se dilapidan recursos de forma innecesaria y gratuita, y se hace no tanto para defender un derecho que sería defendible de muchas otras formas, sino para lavarnos todos la cara en una especie de catarsis común, con el agravante de que además, en ocasiones, el interés que promueve las polémicas está lejos del verdadero interés por las condiciones de vida de aquellos a quienes se dice defender, y más cercano sin embargo a otros intereses políticos o económicos.
Un buen ejemplo de ello es la polémica de las rampas mecánicas. Rechazadas por que formalmente no pueden dar servicio a un tipo de discapacitados motrices, son sin embargo altamente útiles para muchos otros ciudadanos, que por edad, condición física, y hasta porque son fumadores compulsivos agradecerán enormemente su servicio. Bueno, pues pondremos ascensores, y solucionaremos la cuestión cueste lo que cueste. Pero es entonces cuando yo me pregunto, ¿eso es socialmente justo? ¿Que otro tipo de necesidades sociales podríamos cubrir con ese presupuesto? ¿No existen soluciones menos espectaculares pero tan eficaces para solventar ese problema eso sí, posíblemente mucho más económicas?
En esa línea de trabajo se mueve mi reflexión cuando me planteo la justicia social de ciertas actuaciones más enfocadas a la galería que a la verdadera obligación de los gobiernos de progreso, defender la igualdad de derechos y oportunidades a todos los ciudadanos, y hacerlo además con criterios de reparto justo de los recursos disponibles, en definitiva, lo que podríamos denominar, la izquierda sostenible.
Se que es un tema más complejo de lo que permite reflejar este espacio, pero volveremos sobre ello con más tiempo.
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[…] Un millón de euros para instalar un ascensor, o dos o tres, es toda una cifra. En su día me planteaba mis dudas sobre la naturaleza realmente social de este tipo de gastos, moscas a cañonazos decía entonces. […]