El fraude legal

Vengo oyendo hace tiempo preocupación generalizada contra el fraude. Ahora les toca a los representantes de los grupos con representación en el consistorio vitoriano en su semanal tertulia radiofónica en Radio Vitoria.

En principio la discusión se plantea entre dos polos, y ya es bastante discusión. Pero soy de los que piensan que en este debate se nos escapa una tercera pata a la que no entramos y es quizás la que en términos polí­ticos resulta más relevante: lo que podí­amos llamar el fraude legal.

Caracterizando la discusión a dos, digamos que existe una postura nominalmente unánime de estar en contra del fraude, en lo genérico de la expresión, y dos posturas diametralmente opuestas en la puesta en práctica del interior principio general. Ambas tienen que ver con los extremos del fraude y en el fondo se basan en una perversión argumental que pretende trazar una frontera en la tipologí­a del fraude en función de la cantidad defraudada. No nos engañemos, el fraude es como el embarazo, no admite más grados que el sí­ o el no. Tan fraudulento es el cobro de una prestación a la que no se tiene derecho que la malversación de fondos a los que se tiene acceso. Sólo es cuestión de oportunidad, pero en la dimensión ética del asunto no hay diferencia entre coger un euro o un millón de euros, sólo hace falta la decisión de cogerlos y la oportunidad de hacerlo.

Cierto es que es polí­ticamente significativa la obsesión de algunos por perseguir al que coge un eurillo y mirar para otro lado o incluso tratar con respeto y educación al que malversa un millón. Y el caso es que aplicando los criterios de empresarización que aplican los que hacen esto a muchos otros aspectos de la vida, muy fuerte tiene que ser el ví­nculo “emocional” entre la derecha y las grandes fortunas para hacerlo así­. Mirándolo desde la óptica del estado, la cosa está muy clara”¦ se rentabilizan mucho más los esfuerzos dedicados al gran fraude que los dedicados al pequeño. Hace falta “coger” a muchos pequeños defraudadores para retornar a las arcas lo que uno solo de los grandes defrauda.

Pero decí­a al principio que, la tercera pata del banco de este debate, a la que generalmente no hincamos el diente es lo que podí­amos llamar fraude legal. En sentido estricto no es un fraude, porque es legal, pero es lo que podrí­amos llamar fraude de ley. El legislador posibilita que el sistema sea injusto y que contraviniendo a Jorge Manrique, llegados  la mar de las haciendas, no seamos en absoluto iguales los que vivimos de nuestras manos y los ricos. El fraude legal se sustenta en toda una maraña de deducciones, de fórmulas y de triquiñuelas, llamémosles SICAV, sociedades patrimoniales, fundaciones, etc. etc. Todo ello permite que la punta de la presión fiscal en términos reales la sufran los profesionales bien pagados, mientras que los que cobran por encima de ellos van, progresivamente pagando cada vez menos impuestos.

Se dice que no puede hacerse nada porque de hacerse, cogerí­an los ricos sus fortunas y se las llevarí­an. Pasarí­an así­ de defraudadores legales a defraudadores a secas, lo que habilitarí­a a los estados a actuar de forma contundente contra ellos. Pero no, una vez más aplicamos a unos lo que negamos a otros. Proteger al ladrón haciendo que su robo sea legal no es evitar el robo, es institucionalizarlo.

Así­ pues, y por ir terminando, contra el fraude ilegal, sea grande o pequeño, vale más la educación que la represión, y por muchos inspectores que pongamos, hasta que no lo asumamos individualmente en nuestra escala de valores como el peor de los pecados y así­ lo traslademos a la esfera de los in y outs del colectivo en que vivimos, de poco servirán controles y persecuciones. Di que eso conlleva también el compromiso de la administración en deshacer las sombras que justifican el fraude amparándose en aquello del malgasto, la corrupción y la falta de trasparencia.

Contra el fraude legal resulta tan sencillo de plantear el remedio que el hecho de que no se aplique es suficientemente significativo”¦. Señores legisladores, usen de la soberaní­a que dicen vehicular hacia las leyes y refórmenlas, lo demás son palabras y engaños.